Fernando Rodríguez, responsable de la Asociación Provivienda en las islas, califica esta realidad como «alarmante» y reclama una intervención institucional urgente para frenar prácticas que califican como estructurales.
La discriminación racial y étnica en el acceso a la vivienda de alquiler en Canarias no solo persiste, sino que se agrava. Así lo demuestra el nuevo informe de la Asociación Provivienda, presentado en mayo de este año, que revela que el 99 % de las inmobiliarias acepta introducir cláusulas abiertamente discriminatorias si el propietario lo solicita. En entrevista con El Espejo Canario, Fernando Rodríguez, responsable de la entidad en las islas, califica esta realidad como «alarmante» y reclama una intervención institucional urgente para frenar prácticas que califican como estructurales.
Un aumento de más de 30 puntos en cuatro años
El informe —titulado Racismo y segregación en el alquiler de vivienda— compara los datos obtenidos en 2020 con los de 2024 y muestra un deterioro profundo. «Hemos pasado de un 72,5 % a un 99 % de agencias que aceptan condiciones discriminatorias. Es decir, se está normalizando lo inaceptable», denuncia Rodríguez.
El estudio se ha basado en más de 600 llamadas a anuncios de alquiler, tanto desde perfiles con acento español como extranjero. Además, se realizaron cien contactos en los que Provivienda se hizo pasar por propietarios interesados en vetar a personas inmigrantes. «La inmensa mayoría de agencias aceptaron esas cláusulas sin objeción», afirma.
Acento y origen determinan el trato recibido
El informe va más allá del simple dato estadístico y revela la existencia de un sistema de discriminación jerarquizado. «No todos los extranjeros son tratados igual. Si el acento es francés, estadounidense u holandés, no hay problema. Pero si proviene de África, Asia o América Latina, surgen los obstáculos», explica Rodríguez.
Estas diferencias no responden a criterios objetivos como ingresos o documentación, sino a estereotipos profundamente arraigados. «Se presupone hacinamiento, malos hábitos o vulnerabilidad económica, lo que refuerza procesos de segregación urbana invisibilizados hasta ahora», indica el portavoz de Provivienda.
El papel activo de las inmobiliarias
Uno de los aspectos más preocupantes del informe es el rol de las agencias, consideradas por Provivienda como actores activos en el mantenimiento de estas dinámicas. «Estamos hablando de profesionales del sector que no solo no frenan la discriminación, sino que la permiten o incluso la fomentan», denuncia Rodríguez.
Pese a ello, la asociación también ha experimentado avances gracias a su trabajo de mediación. «Hemos conseguido acuerdos que incluyen no solo indemnizaciones a personas afectadas, sino también compromisos de formación antidiscriminación para el personal de las agencias».
Uno de los casos más relevantes se dio con una mujer de origen marroquí, rechazada por su nacionalidad. «Logramos que se le ofreciera acceso prioritario a futuras viviendas y que la agencia se comprometiera a formar a sus empleados. Eso demuestra que es posible revertir estas situaciones si se trabaja bien», afirma.
Recursos legales y herramientas de denuncia
Provivienda recuerda que las prácticas de discriminación racial en el alquiler son ilegales y denunciables. Para ello, la organización ha habilitado un buzón en su página web (provivienda.org), desde el cual cualquier persona afectada puede exponer su caso. «Contamos con un equipo de trabajo social y jurídico que media, asesora y, si es necesario, tramita denuncias ante organismos oficiales como el Ministerio de Inclusión o el CEDRE», señala Rodríguez.
Un fenómeno estructural que requiere respuestas públicas
Más allá de los casos particulares, Provivienda advierte que el fenómeno de la discriminación en el acceso a la vivienda tiene un carácter estructural. «Estamos ante una cadena de exclusiones que perpetúa la segregación y priva de un derecho básico a miles de personas», afirma.
Por ello, Rodríguez insiste en la necesidad de respuestas institucionales. «No basta con la buena voluntad de unas pocas agencias. Es necesario que el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos se impliquen, que haya sanciones, campañas de sensibilización y mecanismos de control eficaces».
Para la entidad, el mercado de la vivienda no puede seguir operando sin regulación ética: «No podemos permitir que el derecho a la vivienda se convierta en un privilegio racializado».
La radiografía que traza el informe de Provivienda es clara: la discriminación por origen en el alquiler no solo existe, sino que ha crecido. Y aunque hay margen de actuación, la clave está —como señala Rodríguez— en que la sociedad canaria se atreva a «mirar el problema de frente, sin excusas, y actuar con determinación».